Una lluvia no hace el invierno

Susana Jiménez

Con entusiasmo recibimos la lluvia esta semana, que debiera dar algún alivio a la peor sequía que vive el país en décadas. Sin embargo, como una golondrina no hace verano, una lluvia no hace invierno, y tal como deja en claro el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos (IPCC), el cambio climático ya genera estragos en todo mundo.

¿Qué podemos hacer para enfrentar la escasez hídrica? Urge una estrategia de adaptación al cambio climático que vaya más allá de los planes sectoriales, que permita prepararnos para sequías y otros eventos climáticos extremos cada vez más intensos y frecuentes, así como tomar medidas apremiantes a nivel local.

El principal problema es el desbalance en algunas cuencas, en las que se extrae más agua que lo sustentable. Ello responde, en buena parte, a la sobreasignación de derechos de aprovechamiento de agua, responsabilidad que recae en el Estado, que deberá buscar la forma de remediarlo. A su vez, deberá abordar la falta de capacidades en la institucionalidad pública. Podrá ayudar una nueva subsecretaría, pero lo concreto es que se necesita más personal capacitado y recursos para gestionar y fiscalizar mejor y resolver los conflictos derivados del uso del agua.

La sequía también ha ampliado la brecha en el acceso a agua potable y saneamiento. Más de un millón de personas en Chile vive sin servicios sanitarios básicos, por lo que se requiere mayor inversión pública y apoyo a la gestión de las organizaciones comunitarias a cargo de los sistemas de agua potable rural. A nivel de consumo urbano, las campañas de ahorro y las señales de precio son indispensables para generar conciencia. Las tarifas deben tener una estructura y un nivel adecuado para incentivar el uso racional y cubrir las inversiones requeridas para asegurar su suministro a mediano plazo, que ascienden a US$ 10 mil millones a 2040.

Se debe fomentar también el uso eficiente del agua en los sectores productivos, especialmente en la agricultura, que representa 72% del consumo total. La CNR ha hecho una labor importante, pero seguimos al debe con la inversión pública en infraestructura para acumulación, conducción e infiltración.

La falta de agua ha mermado, a su vez, la generación hidroeléctrica, por lo que resulta clave incentivar nuevas formas de flexibilidad y almacenamiento en el mercado eléctrico, más allá de la reserva hídrica, así como reforzar cuanto antes nuestro sistema de transmisión eléctrica para incorporar más fuentes diversificadas de generación renovable. Esto, sin embargo, requiere un consenso transversal dada la escala de las obras necesarias y su complejidad socioambiental.

Otro desafío urgente es generar los incentivos de mercado para la habilitación de nuevas fuentes de agua, como el aprovechamiento de aguas grises y la generación de agua desalada, que ya supera los 6 mil litros por segundo, principalmente mediante la iniciativa privada.

Estas son solo algunas medidas necesarias. Lamentablemente, el costo político de ajustar tarifas o hacer inversiones que no retribuyen inmediatamente, así como iniciativas parlamentarias irreflexivas (como declarar el agua desalada como bien nacional de uso público) apuntan en la dirección contraria. Algo de avance se ha visto en la reforma al Código de Aguas ¡tras diez años en el Congreso! Si bien no todo lo acordado va en la línea correcta, sería aún más grave que la Convención Constitucional pusiera estas mejoras en tela de juicio. Hay pega por hacer, “solo” se requiere racionalidad y coraje.